Hoy escribo en este blog la denuncia que un grupo de personas de nuestro Vicariato, encabezados por nuestro obispo monseñor Adalberto.
Puede ser un poco pesada esta lectura, pero el texto expresa la situación de injusticia ecológica en la que vivimos en nuestra provincia de Orellana
DENUNCIA
PÚBLICA MINERÍA EN RÍO PUNINO CONTAMINA COMUNAS KICHWAS Y AMENAZA SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE EN EL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA
La minería se encuentra entre una de las
grandes amenazas que tienen los territorios amazónicos y los impactos que
genera en los territorios indígenas y en las fuentes de agua, repercuten
directamente en la salud de los pobladores. CONCESIONES MINERAS EN LOS RÍOS PUNINO Y PAUSHIYACU
Tan solo en la provincia de Napo, la minería ha
crecido de manera alarmante desde 1996 a 2020. De 2.6 hectáreas, pasó a 556,8
hectáreas, es decir, un crecimiento de 210 veces. En el caso de la provincia de
Orellana, según un informe del Ministerio de Minería, en 2016 no reportaba
concesiones de pequeña minería, sin embargo, a la fecha reporta en el río
Punino 3 concesiones de pequeña minería, y en el río Paushiyacu, 3 concesiones
más de mediana y pequeña minería. Todas
estas concesiones se encuentran en fuentes de agua, en los ríos Punino y
Paushiyacu, que son afluentes del río Payamino (en este río se ubica la planta
de agua potable de la ciudad de Francisco de Orellana), y este último es
afluente del río Napo.
Según la información pública del Geoportal del
Catastro Minero de Ecuador, de las concesiones mineras ubicadas en los ríos
Punino y Paushiyacu en Orellana, 2 se encuentran inscritas y 4 en trámite. Sin
embargo, el hecho de que se encuentren inscritas, no significa que cuenten con
permisos ambientales o tengan permiso de explotación minera. La ley de minería
de Ecuador, establece que para la actividad minera se requiere de dos permisos
previos: “a) Del Ministerio del Ambiente, la respectiva licencia ambiental
debidamente otorgada; y, b) De la Autoridad Única del Agua, respecto de la
eventual afectación a cuerpos de agua superficial y/o subterránea, además de
una declaración juramentada donde se indique, entre otras, que no se afecta
“patrimonio natural y cultural”. Por lo tanto, quienes realicen actividades de
minería sin estos requisitos, estarían realizando minería ilegal, y deberían
ser sancionados conforme lo determina el Código Integral Penal 6 y la Ley de
Minería. Las concesiones mineras ubicadas en los ríos Punino y Paushiyacu,
también están superpuestas sobre territorio de comunas indígenas de la nacionalidad
kichwa, por lo tanto, los requisitos para su explotación son aún más rigurosos,
se tiene que contar con la consulta previa, libre e informada y el
consentimiento de estas comunas originarias
Entre 2019 y noviembre de 2021, la actividad
minera deforestó 32 hectáreas al margen del Río Punino en el límite entre las
provincias de Napo y Orellana. Los bienes, maquinaria, equipos, insumos y
vehículos que sean utilizados en actividades ilegales o no autorizadas de
explotación, beneficio o procesamiento, fundición, refinación y
comercialización clandestina de sustancias minerales, serán objeto de: decomiso
especial, incautación, inmovilización, destrucción, demolición, inutilización o
neutralización, según el caso, que ejecute la Agencia de Regulación y Control
Minero contando con la colaboración de la Policía Nacional y subsidiariamente
de las Fuerzas Armadas
En esta zona están situados las concesiones
mineras activas Punino I y Punino II, ambas concesiones catalogadas como
pequeña minería de oro. Sin embargo, el 46% de la deforestación minera (15 ha)
se localiza fuera de estas concesiones, lo que supone que se trata de una
actividad ilegal o no regularizada”
Sin embargo, la actividad minera continúa en el
río Punino. Imágenes recientes, muestran que la misma se sigue expandiendo sin
control alguno.
Varios operativos han realizado las autoridades
de Orellana en el año 2021 10 y en este año 11 ,en todos han determinado que se
trata de minería ilegal que draga el río Punino con retroexcavadoras, que
existen campamentos mineros, deforestación, contaminación del agua, que
utilizan bombas, zarandas, y mercurio para separar el oro. En estos operativos
han participado la Armada de Ecuador, el Ejército, la Fiscalía, Policía entre
otras instituciones, sin embargo, la actividad minera ha continuado y no se
sabe si se iniciaron los procesos legales correspondientes y sus conclusiones.
Uno de los últimos operativos, se realizó en el mes de octubre de 2022, ahí se
volvió a encontrar campamentos mineros, maquinaria, mineros, deforestación,
afectación al río Punino, y las autoridades se refirieron nuevamente al uso del
mercurio en esta actividad minera, y la vinculación de la minería con el
narcotráfico. En varios operativos de las instituciones públicas, no se retiene
la maquinaria ni se decomisa, ni destruye, a pesar que la Ley de Minería lo
exige, y también la Política Andina de Lucha Contra la Minería Ilegal de la que
Ecuador es parte y que dice: “Los Países Miembros se encuentran facultados para
decomisar e incautar, inmovilizar, destruir, demoler, inutilizar y neutralizar,
los bienes, maquinaria, equipos e insumos utilizados en la minería ilegal. Mucha
de la maquinaria utilizada en la minería, si no es decomisada o destruida es
utilizada nuevamente.
LAS COMUNAS Las comunas de la nacionalidad
kichwa de Orellana, han venido denunciando la contaminación de la minería
durante años ante la Fiscalía, Gobernación, Ejército, Marina, Policía,
Municipio, y muchas de las denuncias no terminan en operativos y menos en
responsables o sanciones y remediación ambiental. Varias comunas kichwas
comentan que cuando se llegan a realizar los operativos, los mineros ya están
avisados, y en la mayoría de las ocasiones no se los encuentra, sino solo la
maquinaria y la devastación, y cuando termina el operativo, vuelven los mineros
a la explotación. En otras ocasiones, los mineros han llegado con promesas a
las comunas kichwas, y aprovechando su falta de ingresos, les prometen empleo,
obras, dinero a cambio de la explotación minera, algunas se han divido,
llegando a conflictos internos entre los que no creen en las promesas y quienes
las apoyan. Muchos de los kichwas que se oponen a la minería en sus
territorios, han sido víctimas de amedrentamiento, amenazas, agresiones. Otras
comunas, han decidido formar guardias para cuidar sus territorios frente a la
invasión de los mineros, en ocasiones han retenido por sus propios medios la
maquinaria minera, y las han entregado mediante la firma de actas y la
expulsión de los mineros. Sin embargo, esto también los pone en riesgo, ya que,
de los relatos de los mismos comuneros, los mineros poseen armas de fuego y
todo el tiempo están armados.
CONTAMINACIÓN DE AGUA Las comunas kichwas han
empezado a sentir los efectos de la contaminación del agua en la escasez y la
muerte de los peces del río, en la coloración rojiza del agua y en las
enfermedades de la piel. Sin embargo, las mismas autoridades de Orellana, han
manifestado que las actividades mineras que se realizan en el río Punino es
frecuente el uso de metales pesados, como el mercurio, a pesar que existe una
prohibición de uso en la ley de minería: “[…] se prohíbe el uso del mercurio en
el país en actividades mineras […]
La
inobservancia a esta prohibición será sancionada […] sin perjuicio de las
sanciones de orden penal a las que hubiere lugar.” Los efectos que causa el
mercurio en la salud, se manifiestan en el deterioro neurológico, renal y
autoinmune, además, la inhalación intensa puede afectar directamente a los
pulmones y causar irritación de las vías respiratorias, neumonitis química y
edema pulmonar, con la consecuente opresión torácica y dificultad respiratoria,
en ocasiones prolongadas puede derivar en un fallo respiratorio y la muerte.
En Ecuador se ha documentado que “la pérdida
estimada de mercurio anual para el sector de la [minería] de oro es de 29,6
toneladas. En los sectores donde más se
utiliza el mercurio es en la minería aluvial (la minería que se realiza en las
riberas o cauces de los ríos), donde no tiene ningún control. Las comunas
kichwas de Orellana y la ciudad de Francisco de Orellana, han sufrido
constantes contaminaciones de sus principales ríos por el derrame de petróleo.
En 2020, la ciudad de Francisco de Orellana, captaba el agua del río Coca para
potabilizarla para toda la ciudad, sin embargo, el derrame de petróleo de abril
de 2020, contaminó nuevamente esta fuente de agua, y el Municipio de Francisco
de Orellana, pasó a captar el agua del río Payamino. Pero la actividad minera
en los afluentes del río como son el Punino y Paushiyacu, y el uso de mercurio,
son una amenaza latente a la salud de la población de la ciudad y las comunas
indígenas. Por ello hacemos un llamado URGENTE a las siguientes instituciones:
- Al Ministerio de Agua, Ambiente y Transición
Ecológica, a que realice las debidas inspecciones ambientales a las concesiones
mineras ubicadas en el río Punino y Paushiyacu, y abra los respectivos trámites
administrativos por la contaminación generada al medio ambiente, y por operar
sin los permisos respectivos, además de presentar la denuncias correspondientes
en la Fiscalía y garantizar la reparación ambiental;
- Al
Ministerio de Energía y Minas y a la Agencia de Regulación y Control de Energía
y Recursos Naturales no Renovables, a realizar inspecciones técnicas en la
cabecera del río Punino y Paushiyacu, y sancionar a los responsables de la
actividad minera ilegal, así proceder al decomiso de la maquinaria utilizada,
garantizar la reparación ambiental de los ríos contaminados y la selva
deforestada; - A Defensoría del Pueblo de Orellana, a realizar las acciones
correspondientes en el marco de la protección de los derechos de la naturaleza
y los derechos humanos por la contaminación y afectación ambiental por la
minería en los ríos Punino y Paushiyacu.
- A Fiscalía de Orellana, a seguir los delitos
ambientales, minería ilegal, tenencia de armas, tráfico de combustible a los
responsables de las actividades mineras y sus colaboradores que se encuentran
en la cabecera del río Punino;
- A la Gobernación de Orellana, a coordinar con
las comunas kichwas, los diferentes operativos frente a la minería ilegal que
se desarrollan en el río Punino y otros ríos, así como garantizar el trabajo
del resto de instituciones como el Ejército, la Marina y la policía en los
diferentes operativos;
- Al GAD Provincial de Orellana, en el marco de
sus competencias ambientales, a realizar el control ambiental correspondiente y
presentar las denuncias por las afectaciones ambientales;
- Al GAD Municipal de Francisco de Orellana a
realizar un monitoreo del agua de los ríos Punino, Paushiyacu, Payamino y
garantizar el agua de calidad al cantón Francisco de Orellana, las comunas
kichwas, además, en base a su competencia ambiental sobre los ríos y orillas,
realizar las inspecciones a los lugares afectados por la minería en el río
Punino, y determinar las afectaciones y presentar las denuncias respectivas.
Ante estas situaciones que ponen en riesgo el abastecimiento de agua potable y
los derechos humanos de la población del cantón Francisco de Orellana, la
Alianza de Derechos Humanos de Ecuador, exigimos urgentemente a las autoridades
locales y nacionales que realicen las acciones antes mencionadas, y eviten una
mayor contaminación por la minería, especialmente en el río Punino. ¡Verdad,
justicia y reparación! https://ddhhecuador.org/
Lo que ha sucedido tras la presentación de esta denuncia, no sabemos si a consecuencia de ella, la fiscalía de Ecuador, con el apoyo de la policía, ha detenido a 6 personas y ha incautado material aurífero (oro), armas, matrículas de maquinaria pesada y dinero en efectivo. Uno de los detenidos -y presunto líder de la organización delictiva, relacionada con la minería ilegal- exfuncionario de la Agencia de Regulación y Control de Energía y recursos naturales no renovables. Yo me alegro mucho con esta noticia. Nuestro deseo es seguir reuniéndonos y ver qué pasos ir dando mientras esta lacra minera no desaparezca de nuestro quyerido Ecuador.
Un carro con potentes altavoces abria la marcha
